Según una ambigua cláusula de la legislación de inmigración actualmente en vigor en el Reino Unido, si los inmigrantes a los que se les ha concedido un permiso de residencia indefinido cometen algún error en la declaración de la renta, y el Ministerio del Interior juzga que lo han hecho de forma deliberada, se considerará que su delito es tan grave como para negarles su condición de ciudadanos y declararles "inmigrantes ilegales".
Se les privará no solo de su permiso de residencia, sino también de derechos humanos tan básicos como el de ganarse la vida, comprar o alquilar una vivienda, o recibir atención sanitaria si la necesitan. También corren el riesgo de que se les deporte en cualquier momento a su país de origen, con el que la mayoría ya no guarda ningún vínculo.